Definido el escenario político de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 el Jurado Nacional de Elecciones ya proclamo a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) quienes disputaran la presidencia del país. La agenda ambiental sigue relegada a un segundo plano, pese a constituir una de las crisis más profundas que enfrenta la nación. Los problemas ambientales como la minería ilegal, la deforestación amazónica y la degradación de ecosistemas, lideres ambientales amenazados e inclusive asesinados, quedan sin soluciones claras en los programas de gobierno. La evidencia es preocupante: los candidatos carecen de propuestas concretas para enfrentar la minería ilegal, actividad que ha evolucionado hasta convertirse en una de las principales economías criminales del Perú y un factor clave en la deforestación y contaminación con mercurio de los ríos amazónicos. Incluso en una etapa en que se esperaba que los planes de gobierno detallaran soluciones ambientales, un estudio de propuestas concluyó que no se aborda de forma realista el problema central de la minería ilegal. Algunos discursos políticos incluso favorecen o normalizan discursos que coexisten con esa actividad ilícita.
Una crisis ambiental ignorada por la agenda electoral
La expansión de la minería ilegal no solo destruye bosques y áreas de biodiversidad, sino que se extiende a territorios indígenas y riberas donde comunidades enteras dependen de los ríos para vivir. Su crecimiento ha sido documentado incluso en zonas remotas del Amazonas, con impactos irreversibles sobre la salud humana y la calidad del agua.
Sumado a ello, aspectos ambientales como la participación ciudadana en evaluaciones ambientales o mecanismos de fiscalización son apenas mencionados en una elección donde temas como inseguridad, crimen, corrupción y desconfianza política dominan la conversación pública y los medios.
¿Quién habla por los bosques y el agua?
Las campañas han tocado muy tangencialmente temas ambientales, en muchos casos con discursos genéricos o apoyos a políticas extractivas que no aportan soluciones tangibles. Esto ocurre mientras organizaciones ambientales y expertos denuncian la ausencia de estrategias eficaces y proteger actividades ilegales.
La falta de compromisos sólidos también refleja una falla sistémica de la política peruana, en la que la defensa de los derechos ambientales, el respeto a territorios indígenas y la gestión sostenible de recursos naturales quedan supeditados a otras prioridades cortoplacistas.
Una elección que debe decidir el futuro del país… ecológico también
La segunda vuelta no puede transcurrir sin que el ambiente sea un tema central. El Perú —mega diverso, con un enorme capital natural en la Amazonía, Andes, costas y mar no tienen el lujo de relegar la protección ambiental a simples promesas de campaña.
Los ciudadanos, expertos y organizaciones ambientales tienen el derecho —y la responsabilidad— de exigir propuestas claras, metas medibles y compromisos verificables de parte de los candidatos. Esta no debe ser una discusión de nicho, sino una exigencia democrática que defina el rumbo del país.
El desafío para el próximo gobierno será demostrar que la sostenibilidad ambiental es una política de estado, no un slogan electoral. En un contexto donde la minería ilegal continúa expandiéndose, el clima cambia y los bosques arden o se talan a ritmo acelerado, la elección de junio de 2026 será una oportunidad histórica para incluir una agenda ecológica robusta en el centro del debate nacional.
Si la política peruana continúa ignorando los temas ambientales, el país no solo perderá bosques y ríos — perderá su futuro.









