En Perú, abrir el grifo y no encontrar agua sigue siendo una realidad cotidiana para millones de personas. Lo que debería ser un servicio básico garantizado se ha convertido, en muchos casos, en el reflejo de un problema más profundo: la corrupción en proyectos de saneamiento
Informes de la Contraloría General de la República del Perú revelan un patrón preocupante: obras paralizadas, contratos irregulares y millones de soles comprometidos en proyectos que no terminan en ejecutarse
Los datos ayudan a dimensionar la crisis:
- Más de 3 millones de peruanos no cuentan con acceso a agua potable segura.
- Existen más de 2,300 obras públicas paralizadas en el país.
- En el sector agrario, al menos 344 proyectos de agua y riego están detenidos, con inversiones cercanas a S/ 8 mil millones.
- Solo en 2025, se identificaron obras por más de S/ 765 millones con indicios de irregularidades.
- En algunos casos, los costos iniciales de proyectos se incrementaron hasta en 645%.
Detrás de cada cifra hay una constante: recursos públicos que no se traducen en servicios reales.
Obras inconclusas, promesas incumplidas
En regiones como Pasco y Lambayeque, proyectos destinados a llevar agua potable a miles de personas permanecen inconclusos o bajo investigación. En algunos casos, las obras fueron adjudicadas a empresas que no cumplían con los requisitos técnicos; en otros, simplemente quedaron paralizadas sin explicación clara.
En Chiclayo, por ejemplo, un proyecto de saneamiento que debía beneficiar a miles de habitantes sigue detenido desde 2024. La consecuencia es directa: familias que continúan dependiendo de cisternas o fuentes de agua no seguras.
Especialistas consultados coinciden en que no se trata de hechos aislados. Las investigaciones apuntan a un esquema recurrente:
Licitaciones direccionadas, empresas sin experiencia que obtienen contratos, sobre costos injustificados, débil supervisión estatal entre otros.
Este patrón recuerda los mecanismos de corrupción expuestos en América Latina tras el caso Odebrecht, que evidenció redes de sobornos en grandes obras públicas.
Impacto directo en la población
La falta de agua potable no solo afecta la calidad de vida, sino que tiene consecuencias sanitarias graves. En zonas rurales y periurbanas, el acceso limitado al agua incrementa el riesgo de enfermedades y profundiza la desigualdad.
“Sin agua no hay salud ni desarrollo”, resume un informe técnico del sector. Sin embargo, la corrupción interrumpe ese vínculo básico entre inversión pública y bienestar ciudadano.
Debilidad institucional
El problema también expone limitaciones estructurales. Aunque el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento diseña las políticas del sector, la ejecución recae en gobiernos regionales y municipales, donde los controles suelen ser más débiles.
A ello se suma la lentitud de los procesos judiciales, lo que dificulta sancionar a los responsables y recuperar los recursos perdidos.
¿Qué sigue?
Frente a este panorama, se han implementado mecanismos como el control concurrente y mayores exigencias en contrataciones públicas. No obstante, expertos advierten que los avances aún son limitados frente a la magnitud del problema.
La transparencia, el acceso a la información y la vigilancia ciudadana aparecen como herramientas clave para evitar que nuevas obras repitan los errores del pasado.
Una deuda urgente
El acceso al agua potable sigue siendo una deuda pendiente en el Perú. Mientras millones esperan una solución, la corrupción continúa drenando recursos que deberían garantizar un derecho fundamental.
La pregunta sigue abierta: ¿cuántos proyectos más deberán fallar antes de que el agua llegue, finalmente, a todos?









